Creado en 16 Octubre 2013 Fuente de la noticia MDZol.com
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Aunque fue el sindicato del organismo vitivinícola quien denunció la situación, y siendo ellos los tenedores legales del predio, el club Unión Mendoza inició una causa penal y logró la imputación de los titulares del AGPINV. El gremio denuncia irregularidades en la Justicia.

El conflicto entre la Asociación Gremial del Personal del Instituto Nacional de Vitivinicultura (AGPINV) y el Club Unión Mendoza (formado por policías retirados y en actividad) por el uso del camping que el IPV tiene en Guaymallén ha tomado un ribete impensado. La presidente y el secretario gremial fueron imputados por la Justicia de usurpación, a raíz de una denuncia presentada por el club. Pero desde el sindicato aseguraron que todo se realizó de manera irregular.

Todo el problema nació a mediados del año pasado, cuando la AGPINV firmó un convenio de convivencia con el club Unión para el manejo del camping del INV, ubicado sobre calle Tirasso entre los distritos de Buena Nueva y El Sauce. Cabe recordar que el predio está bajo la titularidad del organismo, y que el gremio lo tiene a su cargo bajo la figura de tenedor legal.

Sin embargo, una serie de sucesos y desmanejos llevó al AGPINV a pedir la rescisión del convenio a principios de este año, a lo cual el club se negó rotundamente. Todo ello llevó a que el sindicato impidiera el paso del club de policías al camping, pero los miembros del Unión lograron introducirse al lugar en septiembre y obstaculizaron la entrada del gremio.

Tras esa acción, que el AGPINV declaró como ilegal, el sindicato planteó una denuncia penal por usurpación contra ese club y solicitó ayuda al presidente del INV, Guillermo García, quien brindó su apoyo e intercedió entre ambas partes, disponiendo que los miembros de Unión se retiraran del predio y colocó vigilancia privada en el lugar hasta tanto se solucionara el conflicto de manera pacífica.

Pero todo cambió a principios de este mes, luego de que MDZ Online hiciera pública la situación. Según contó a este medio el secretario gremial del AGPINV, Adrián Lucero, el martes 1 de octubre pasado le llegó una notificación judicial a su trabajo para que se presente "en calidad de testimonial" el viernes 4 en la Unidad Fiscal de Guaymallén, ubicada en el edificio de Tribunales.

Acompañado por la titular del gremio, Martha del Valle de Gallazzi, Lucero se hizo presente en la Unidad Fiscal a las 9.30 de la mañana, tal como indicaba la citación escrita. Allí fue recibido por el ayudante fiscal, y en una de las salas fue el joven empleado judicial le notificó a Lucero una noticia inesperada: que estaba bajo indagatoria y que sería imputado junto a Del Valle por usurpación.

"Fue algo totalmente inesperado. Desconocía absolutamente que iba en calidad de imputado, no tenía como salir de ahí. No me dejaron hablar con un abogado y ni siquiera me leyeron mis derechos, los cuales estaban todos vulnerados. Sentí mucha indignación y bronca por lo que pasaba. Fue injusto", expresó Lucero a MDZ Online.

El sindicalista pidió explicaciones al ayudante fiscal sobre por qué lo citaron como testimonial y terminó siendo imputado, y la respuesta fue increíble: "Me dijo que el sistema de notificación judicial es arcaico. Eso es algo ridículo y sentí que me quiso tomar el pelo", aseguró Lucero.

Tanto él como Del Valle estaban imposibilitados para salir y tampoco tenían oportunidad de comunicarse con algún abogado. Sin embargo "encontramos en los pasillos a un abogado penalista que nos brindó su apoyo", indicó Lucero. Casualidades de la vida, el letrado resultó ser el archiconocido Pablo Cazabán, quien participó del polémico caso del Rengo Aguilera y otros asuntos derivados de la política. Además es el hermano del ex secretario de Gobernación, Alejandro Cazabán.

Tras lograr el asesoramiento de Cazabán, Lucero señaló que el abogado "me pidió que me abstuviera de declarar", lo cual respetó. Luego de ello, ambos gremialistas tuvieron que pasar por los procesos administrativos correspondientes, como el entintado de los dedos. "La única diferencia con los delincuentes que estaba allí era que ellos tenían las esposas puestas. Nos trataron como reos", indicó.

Lucero denunció que en la Unidad Fiscal "nos trataron mal, muchos subestiman a la persona que tienen en frente porque se creen que tienen un poco de poder más que uno". También se mostró dudoso con respecto a ciertos hechos que la Fiscalía llevó a cabo y que desembocaron en esa imputación. "Estuvimos casi tres horas en Tribunales, porque se demoraron en tomarnos la declaración", agregó.

"Nosotros hicimos la denuncia en la Unidad Fiscal de Guaymallén y hasta ahora sigue ahí, como cajoneada, mientras que la de ellos (del Club Unión) llegó hasta Tribunales", declaró Lucero. La causa está siendo llevada por el Fiscal de Instrucción nº 10 Jorge Calle.

El gremialista señaló que Cazabán será el patrocinador de él y su compañera gremial. Por ahora el letrado pidió una copia de todos los expedientes relacionados con el caso de usurpación.

Una vez que haya estudiado el caso, según Lucero, Cazabán pondrá en marcha la estrategia de defensa, la cual será llevada ante el Procurador de la Corte, Rodolfo González; el ministro de Seguridad, Carlos Aranda; y al mismo gobernador Francisco Pérez.

"No nos vamos a quedar callados, y yo nunca me voy a callar", aseguró Lucero, quien además reiteró repetidas veces el estado de vulnerabilidad al cual fue sometido durante su paso por el edificio judicial. "Fue una experiencia horrible", sintetizó.

Con respecto al diálogo que mantiene la AGPIV con las autoridades del organismo vitivinícola, Lucero señaló que, hasta el incidente del viernes 4, "(Guillermo) García estaba oficiando de mediador para solucionar el conflicto de manera pacífica, pero todo eso se cortó cuando nos imputaron y esta gente del club nos engañó".

De todas formas, las autoridades gremiales esperan que García pueda recibirlos en estos días durante una audiencia, ya que estuvo ausente toda la semana pasada de Mendoza a raíz de compromisos laborales en otras partes del país.

Por el momento, Lucero indicó que a partir de ahora "nos abocarnos de lleno a la estrategia del abogado y a mantener charlas con García, a quien también le comunicaremos los próximos pasos a seguir".

 
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